Louila Mint se ha formado como abogada en Canarias y está en España desde los 8 años, y la Fiscalía del Estado dice que hay una «falta de coordinación» para otorgarle la ciudadanía española. Así lo denunció en las redes sociales y entregó este comunicado a Presenza, que escribimos a continuación.
Mi nombre es Louila y mi apellido es Lala. Condené una situación en Twitter hace unos días, aunque me parecía personal y para mí, no lo era. Es de carácter puramente colectivo que afecta no solo al pueblo saharaui que vive en el territorio nacional, sino también a muchos inmigrantes.
En 2015, se cambiaron los términos para que las solicitudes de ciudadanía española no se vieran afectadas por el revés que sufrieron, y la administración respondería y resolvería la misma solicitud en el plazo de un año.
Desde 2017, un año después de completar mi licenciatura en Derecho como licenciada en Derecho en la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, presento mi expediente de residencia como ciudadano español. En 2018 me enfrenté a la realidad. Después del examen de ingreso a la profesión de abogado y una maestría en el mismo Ministerio de Justicia, sufrí discriminación durante seis meses en mi vida en comparación con mis compañeros y mis amigos. El mismo Ministerio de Justicia que me permitió hacer el examen, llamándome Louila Mint El Mami, no entiendo exactamente lo que preguntan. De hecho, tengo respuestas del Ministerio de Justicia, en las que al llamarme Louila Mint El Mami me piden que sincronice mi titulación, pensando que no es un privilegio formarme como abogada.
Actualmente, para formarme como abogado, tuve que pedirles permiso porque no han resuelto mi Copa Nacional de España desde 2017, un año desde que se establecieron las bases para la resolución. Pasado ese tiempo, se entiende como silencio negativo y, por tanto, negación hipotética.
En 2020, sobre todo en septiembre, hace un año y un mes, interpuse un recurso polémico-administrativo en la sala administrativa de la Audiencia Nacional para que me presentaran mi Copa de España. Si necesito algún documento en ese expediente, aún no me han respondido, y todo el daño que me han hecho como abogado en la práctica en la administración de justicia.
He estado esperando un año y un mes más la respuesta de la oficina del abogado, y eso no es suficiente. Por decir lo menos insulta mi inteligencia. Me respondieron en julio, pero me notificaron en septiembre. Esa es la respuesta que publiqué en Twitter, en la que dicen que no reconozco suficiente integración social, permanencia legal o raíces. Desde el primer minuto que dejé que la administración verificara mis antecedentes penales, se entendió lógica y razonablemente que no tenía antecedentes penales, así como me habían eximido de ser abogado en España. Por eso me he desempeñado como abogado en el Departamento de Administración Judicial. Desde el segundo minuto, cuando expido mi tarjeta de residencia, demuestro que llevo viviendo legalmente en la zona más de 20 años, especialmente más de 23 años. Desde el momento en que obtuve mi título de abogado en la Universidad de La Laguna y mi maestría en derecho en la Universidad de La Laguna, tengo amplia evidencia de mi integración.
Actualmente, esta integración es requerida por las opciones del Ministerio de Justicia, que son opciones constitucionales, obviamente si ya he aprobado la ley ejecutiva, la ley constitucional, el ejercicio de la abogacía, la ley civil, la ley penal, etc., lo entiendo. Son plenamente reconocidos. Se entiende que mi integración en el gobierno español está suficientemente reconocida.
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