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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha aumentado las apuestas sobre un impuesto a los ricos destinado a aliviar la carga de la alta inflación, preparando el escenario para un choque fiscal con los políticos de la oposición antes de las elecciones del próximo año.
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Su administración dijo esta semana que estaba considerando malversar más dinero de los «millonarios» para ahorrar dinero para ayudar a las personas que luchan por pagar las facturas de electricidad y comestibles. Esto se produjo a raíz de los esfuerzos de algunas regiones para eludir el impuesto nacional sobre el patrimonio.
«Estamos proponiendo esfuerzos de redistribución por parte de los que más tienen para que podamos financiar el estado de bienestar que es de todos», dijo Sánchez en un discurso el viernes.
España es el único país de la Unión Europea que impone un impuesto sobre el patrimonio y se convertirá en uno de los primeros países en apuntar a los ricos para compensar la crisis del costo de vida. Sánchez dice que la medida complementará un impuesto sorpresa planeado sobre los bancos y las compañías de energía, y ayudará a impulsar 30 mil millones de euros ($ 29 mil millones) en medidas para frenar la inflación.
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El gobierno de Andalucía, la región más poblada del país, ha introducido exenciones temporales del impuesto sobre el patrimonio, que recaudó 1.200 millones de euros o alrededor del 0,1% del producto interior bruto de España en 2020, según las últimas cifras de la Agencia Tributaria Nacional.
Murcia advirtió que podría hacer lo mismo, mientras que Galicia rebajó el tipo impositivo efectivo. Las tres regiones, todas controladas por el conservador Partido Popular, también anunciaron nuevos recortes de impuestos similares a los de Madrid, que eliminó el impuesto sobre el patrimonio hace más de una década y redujo el impuesto sobre la renta regional.
Alberto Figo, líder del Partido Popular y posible candidato a presidente del Gobierno en las elecciones españolas de finales de 2023, dijo el viernes que España debería esforzarse por «atraer riqueza e inversores en lugar de expulsarlos», en una señal del aumento de las tensiones.
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La propuesta de Sánchez supone un giro en la gestión de una Administración que hasta hace unos meses había rechazado un determinado impuesto sobre el patrimonio. Los socialistas votaron en contra de la legislación propuesta por el socio menor de la coalición Unidas Podemos en junio para gravar las fortunas de más de 10 millones de euros hasta en un 5% anual.
Su gobierno aún no ha revelado los detalles del nuevo impuesto, aparte de decir que apuntará al 1% de la población y podría entrar en vigencia en 2023. Pero con las encuestas de opinión cerca de una carrera electoral reñida, Sánchez puede adoptar más medidas hostiles para las empresas para movilizar votantes y apuntalar su inestable coalición.
“Esta batalla fiscal entre diferentes niveles de gobierno está generando mucha incertidumbre para los inversores”, dijo Jorge Onrubia, profesor de finanzas públicas en la Universidad Complutense de Madrid. «Estamos entrando en un período electoral muy divisivo».
España, un importante productor de frutas y verduras, ha experimentado uno de los aumentos más pronunciados en los precios de los alimentos entre las principales economías europeas desde que la invasión de Rusia a Ucrania desencadenó una crisis energética que amenaza con llevar a la economía del continente a la recesión. Saltaron un 13,8% en agosto, el mayor aumento desde que comenzaron los registros en 1994.
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