Madrid (AFP) – España ha retirado a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacio, tras las incendiarias declaraciones que hizo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua acusando a la ex potencia colonial de «injerencia inaceptable» y de crímenes históricos.
El canciller español, José Manuel Alparís, tomó la decisión luego de «serias e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones», dijo su ministerio en un comunicado el miércoles, «además de escandalosas mentiras sobre procesos judiciales y electorales».
Se refiere a un comunicado enviado por el gobierno de Daniel Ortega a los españoles el martes «condenando la cínica y persistente injerencia, injerencia e injerencia en nuestros asuntos internos, y la inadecuación de los gobiernos democráticos». Añadió que los gobiernos e instituciones españoles han supervisado «encubrimientos, mentiras, delitos, delitos de odio y crímenes de lesa humanidad», y han «incumplido sistemáticamente los derechos de los pueblos a la autonomía o procesos de autonomía», en una aparente referencia a el manejo del país del independentismo catalán.
El gobierno español dijo que rechazó la caracterización de su política por parte del gobierno nicaragüense y respondió diciendo que Nicaragua estaba «enfrentando una profunda crisis política, económica y social», que se vio agravada por «la creciente represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega … «
Nicaragua debe celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre, durante las cuales Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo. Colocó a una candidata de la oposición para el cargo de vicepresidente bajo arresto domiciliario la semana pasada y luego la liberó en espera del resultado de la investigación. España dijo que las elecciones no serían libres y justas.
La semana pasada, la Unión Europea impuso sanciones a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y a otros siete altos funcionarios acusados de graves abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia. Las sanciones incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de viaje en Europa.
También la semana pasada, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 miembros de la familia inmediata de funcionarios nicaragüenses que, según dijo, participaron o se beneficiaron de la creciente represión de Ortega. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el viernes que entre los funcionarios figuraban legisladores, fiscales y jueces.
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