El tribunal examinó 73 casos por valor de más de 551 millones de euros y encontró que 11 de ellos eran fraudulentos.
El Tribunal de Cuentas de España ha constatado que más de una quinta parte de los contratos de urgencia adjudicados por el Ministerio de Sanidad en 2020 durante la crisis sanitaria del covit-19 fueron «irregularidades». En tres de los ocho informes, la agencia de auditoría tiene previsto publicar un contrato de emergencia durante la epidemia, que examinó 73 casos por un total de más de 551 millones de euros y encontró 11 irregularidades en ellos.
En algunos casos, los contratos fueron rescindidos anticipadamente por incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa afectada, estando aún en curso el proceso de obtención de anticipos, intereses devengados y, en su caso, indemnización por daños y perjuicios.
En dos casos, hubo cambios inesperados en los contratos, es decir, cambiar un tipo de máscara, reemplazar otro tipo de máscara al mismo precio o proporcionar pruebas de covid igualmente efectivas pero más caras, y en cinco casos se retrasó la entrega. .
«Verificación adecuada»
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas argumenta que el incumplimiento de los requisitos por parte del Gobierno estaba justificado en vista de la emergencia excepcional y el desabastecimiento global. Sin embargo, dice que las autoridades no han verificado la capacidad de producción y distribución con suficiente detalle ni han verificado adecuadamente el crédito de algunas de las empresas a las que se les adjudicaron contratos al comienzo de la epidemia.
La mayor parte de los 6 246 millones se gastó en FFP2, FFP3 y equipos de seguridad como mascarillas quirúrgicas, guantes y desinfectantes para manos. De hecho, el 91,69% del importe gastado fue en mascarillas. El informe muestra que estaban sobrevaloradas: las mascarillas FFP2 se compraron a 17 4,17 cada una y las FFP3 a 6 4,68.
En el lado positivo, el tribunal enfatizó que el gobierno tenía la intención de tomar medidas urgentes para hacer frente a la crisis de salud causada por el Gobierno y que había documentos suficientes para demostrar que se necesitaba una acción rápida para evitar que se licitaran.
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