España es el 34º país de la OCDE en el que más aumenta la presión fiscal. En 10 años, los ingresos fiscales aumentaron del 31,3% al 36,6% del PIB. Según el último informe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las economías más avanzadas del planeta, la carga fiscal aumentó 1,9 puntos porcentuales en 2020 respecto al año anterior. Esto deja el índice español que mide la relación entre los ingresos fiscales y el PIB en el 36,6%.
En 2019, antes de la pandemia del coronavirus -y la consiguiente caída del PIB-, la carga fiscal de España era del 34,7%. En 2010, este indicador era sólo del 31,3%, que ha aumentado en más de cinco puntos porcentuales en una década. Es decir, 60.000 millones de euros adicionales en impuestos. Este aumento de 10 años es uno de los más grandes de la OCDE, después de Eslovaquia, Grecia y Corea del Sur. Esto significa que España ya está por encima de la media de este «club» de países desarrollados (33,5%).
A pesar de estos números, Hacienda aún no ha tenido la última palabra y ahora estudia más impuestos para compensar las rebajas fiscales anunciadas en los últimos días por las comunidades autónomas del Partido Popular. Al respecto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijo este miércoles en la Cámara de Diputados que el gobierno analiza imponer un nuevo impuesto a las grandes riquezas. Tras defender en el Congreso los nuevos impuestos a las grandes energéticas y bancos, el ministro de Hacienda defendió «seguir explotándolos con grandes fortunas» y argumentó que «hay que pedir una mayor contribución a los que más tienen».
La medida del ejecutivo responde al anuncio de Andalucía de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, otras medidas como la deflación del IRPF en esa comunidad y en Madrid, así como la reducción del IRPF en Murcia. Una referencia a sus electores, que fue elogiada por la extrema izquierda. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echnik, celebró que Hacienda esté abierta a la posibilidad de subir los impuestos a las grandes fortunas, como ha hecho con la energía y la banca, como propuso su grupo en junio en el Congreso. Sin embargo, fue rechazado posteriormente por sus socios en el gobierno del PSOE.
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