A principios de este año, el intercambio local de criptomonedas, Bit2me, realizó una campaña masiva para promover Bitcoin en Madrid y Barcelona. La compañía ha colocado más de 800 carteles por toda la capital española, algunos de ellos muy cerca de la sede de la CNMV (Autoridad Española del Mercado de Capitales).
La situación ya preocupa a las autoridades económicas españolas (Banco de España) desde hace mucho tiempo. De hecho, en 2018, la CNMV y el Banco de España informaron sobre los riesgos de las criptomonedas destacando que ninguna emisión de criptomonedas o ICO fue registrada, autorizada o verificada por ninguna agencia supervisora en España, por lo que ninguna de ellas gozó de ninguna de las garantías o garantías contempladas en las regulaciones para productos bancarios o de inversión.
Estos hechos dieron lugar a una normativa previa sobre criptoactivos que se adoptó apresuradamente y dentro de un nuevo real decreto (Real Decreto 5/2021, de 12 de marzo, de Medidas Excepcionales de Apoyo a la Solvencia Empresarial en Respuesta a la Pandemia de COVID-19, Reforma de la Ley del Mercado de Capitales. ), con el objetivo de proteger a los posibles inversores individuales en instrumentos y activos financieros digitales.
La preocupación aumentó porque muchas criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, experimentaron una alta volatilidad en los precios, acompañada, como se explicó anteriormente, de un aumento significativo en la publicidad para atraer inversores.
Si bien reconoce que no existen normativas específicas a nivel europeo que regulen la publicidad de criptoactivos, el real decreto parte de la premisa de que esta tecnología representa tres riesgos principales para la sociedad, es decir (1) el uso con fines ilícitos detrás del escudo de anonimato; (2) Conservación adecuada de claves para proteger a los clientes (3) Accesibilidad para el público en general.
Un nuevo real decreto otorga a la CNMV (como regulador de los servicios financieros) competencias de supervisión para controlar la publicidad de los criptoactivos a estos efectos, la CNMV necesita redactar una normativa sobre el alcance y contenido de las normas que deben cumplir los anuncios cifrados.
«Solucionador de problemas. Gurú de los zombis. Entusiasta de Internet. Defensor de los viajes sin disculpas. Organizador. Lector. Aficionado al alcohol».