Varias personas han sido arrestadas como parte de una investigación de fraude relacionado con la carne en los Países Bajos.
El Servicio de Inteligencia e Inteligencia de la Autoridad de Seguridad de Productos de Consumo y Alimentos de los Países Bajos (NVWA-IOD) está investigando un fraude de documentos relacionado con la exportación de aves de corral.
Las autoridades visitaron dos centros comerciales y dos viviendas a fines de enero. Siete personas fueron arrestadas la semana pasada y una fue liberada la semana pasada después de ser interrogada.
Se realizaron búsquedas en tres empresas que trabajan con la sospechosa empresa holandesa en Bélgica y España.
Los analistas creen que una empresa en el este de los Países Bajos documentó la carne de pollo congelada como otros ingredientes, como el pescado, y luego la exportó principalmente a países de África.
Miran los certificados veterinarios oficiales y la información de inventario y otros registros comerciales. Los medios holandeses nombraron a la empresa Waktam Food Link, que fue registrada en Hawksbergen.
El propósito de la sospecha de fraude es reducir el impuesto de importación sobre el destinatario hasta en un 70 por ciento.
Según los funcionarios de NVWA-IOD, este tipo de fraude también representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Si algo sale mal con una dieta, puede averiguar de dónde vino el producto ya quién se lo sirvieron. Tal rastreo no es posible a menos que los documentos oficiales sean exactos.
Decomisos de jamón español
En otro incidente, la Guardia Civil española ha incautado cerca de 2.000 piezas de carne en una operación contra el fraude alimentario en la provincia de Cáceres.
La medida condujo al arresto de cuatro personas y al interrogatorio de cinco más. Los artículos incautados incluyen jamón, salchichas y carne de cerdo congelada. De las casi 2.000 piezas de carne, las autoridades incautaron 760 kilogramos de chorizo y 4.500 kilogramos de carne congelada.
La Operación Sekai se inició en noviembre de 2020, tras el hallazgo de actividad en una fábrica cárnica cerrada en un taller de la ciudad de Malpardida de Plasencia.
Como el sitio no estaba registrado, las autoridades descubrieron que las autoridades locales realizaban sin restricciones actividades como el almacenamiento, la distribución y la comercialización de alimentos para animales.
Un estudio encontró problemas con los productos cárnicos, la fecha de consumo modificada o violada, la cantidad de fabricantes o panaderos que no estaban presentes, y los registros, el etiquetado y los diagnósticos.
Los productos fueron enviados a empresas de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Toledo. La compañía también tiene relaciones con empresas de Salamanca, Toledo, Patajos, Viscoa y Madrid.
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