El Banco de España está revisando las principales medidas inmobiliarias impulsadas por el Gobierno, tanto en el sector de compra como en alquiler, y concluye que pueden acabar dando lugar a un mercado cada vez más pequeño a medida que suben los precios.
El Banco de la Vivienda está analizando los controles de los precios de los alquileres, una medida que se introdujo temporalmente en virtud del decreto sobre medidas anticrisis tras la invasión rusa de Ucrania, pero que se hizo permanente en virtud de la ley de vivienda aprobada en abril del año pasado. El Banco de España reconoce que la intención del Gobierno es «minimizar los problemas de carga creciente a los hogares vulnerables», pero cree que la «aplicación sostenida en el tiempo» de esta norma podría «generar nuevos problemas de acceso a la vivienda», es decir, todo lo contrario. de lo que se pretendía. De hecho, los portales inmobiliarios alertan de un claro descenso de la oferta de pisos en alquiler tras la aprobación de la ley, con un aumento de la oferta de pisos de alquiler turístico, sin que se vea afectada por el precio máximo.
El Banco de España explica una serie de consecuencias negativas que se han derivado de la implementación de medidas similares en otras partes del mundo, como “una contracción de la oferta de vivienda en alquiler en zonas reguladas, y un desplazamiento del uso de la vivienda hacia otras zonas .” Mercados alternativos (por ejemplo, alquiler de temporada o viviendas turísticas) y baja calidad de la vivienda debido al bajo mantenimiento.
En cuanto a las medidas con las que el ejecutivo busca proteger a los inquilinos, como ampliar la duración de los contratos de alquiler o endurecer las condiciones de desalojo para familias vulnerables, el Banco de España indica que “aumenta el riesgo de impago a los propietarios, lo que podría llevar a a un aumento en el precio del alquiler o una disminución en la oferta de alquiler disponible para estos hogares vulnerables”. Esta es otra crítica a estas medidas, que sobre el papel buscan defender a los grupos más vulnerables, pero que en un mercado inmobiliario libre pueden conducir exactamente a lo contrario. Parece lógico pensar que un arrendador, ante la situación de alquilar su casa a dos familias, elegiría siempre a quien gana más para evitar al máximo el riesgo de impago. En otras palabras, este es un paso más en la inaccesibilidad a la vivienda para los inquilinos más vulnerables.
Por el contrario, el Banco de España cree que la solución pasa por paliar el déficit habitacional, que se estima en 600.000 viviendas en 2025 (aunque casi cuatro millones de viviendas están vacías en España) y que es especialmente peligroso en Madrid, Barcelona y Valencia. Málaga y Alicante, y en “promover la seguridad jurídica y regulatoria”. Considera que “deben evitarse cambios periódicos en la normativa que afecten a las condiciones básicas de los arrendamientos existentes o cambios sucesivos en los requisitos urbanísticos para la construcción de viviendas”.
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