El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo el jueves que el gobierno estaba «remodelando» su impuesto a las ganancias extraordinarias sobre los ingresos excedentes de las empresas energéticas, que, según dijo, estaban obteniendo ganancias extraordinarias «sin hacer nada» durante la crisis energética.
En una entrevista con la cadena española Antena 3, Sánchez afirmó que la política energética europea y la política renovable de España han contribuido a abaratar la factura eléctrica y controlar los precios de la energía. Enfatizó además la necesidad de una política energética que impulse y fomente inversiones a gran escala en energías renovables para apoyar proyectos industriales.
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Debido a este cambio de circunstancias, el gobierno español está intentando ahora rediseñar el impuesto eólico con el objetivo de fomentar las inversiones en proyectos industriales, dijo Sánchez.
Los proyectos industriales que menciona incluyen corredores de hidrógeno verde, fábricas lo suficientemente grandes como para generar electricidad a partir de parques eólicos y solares, proyectos de descarbonización a gran escala y esfuerzos de transición energética en áreas que dependen de centrales eléctricas de carbón ahora cerradas.
El impuesto temporal a las ganancias extraordinarias, aprobado por el Senado de España en diciembre de 2022, recorta el 1,2% de los ingresos energéticos hasta los 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares) generados en 2022 y 2023. El impuesto vence en 2023 y 2024, y se supone que los ingresos pagarán medidas para mitigar los efectos de la crisis energética en los hogares vulnerables.
El impuesto se aplica a todas las empresas energéticas, independientemente de si utilizan combustibles fósiles o renovables para la producción de energía. Están exentas de impuesto las rentas procedentes del extranjero y los negocios regulados en España, como las redes y las ventas al por menor de electricidad y gas.
Uno de los críticos más feroces del impuesto a las ganancias extraordinarias es la multinacional española Repsol SA (BME: REP), que pagó 7.440 millones de euros en impuestos en España entre enero y septiembre de 2023 y amenazó con buscar países alternativos como Portugal.
En octubre, cuando Sánchez negoció con el izquierdista Sumer para obtener apoyo para otro mandato como primer ministro, acordó «revisar» los impuestos a las empresas energéticas, entre otras medidas fiscales. Repsol dijo que la medida era una posible extensión del impuesto eólico, que podría afectar a futuros proyectos industriales en España en cuestiones regulatorias y financieras del país.
«La posibilidad de mantener un impuesto a las empresas energéticas, diseñado de forma temporal y anormal, castigaría a empresas como Repsol que invierten en activos industriales, crean empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, beneficia a los importadores que no crean empleo ni actividad económica relacionada en España», afirmó Repsol.
Cuando a Sánchez se le preguntó en una entrevista sobre las quejas de Repsol y otras empresas de que España carece de un marco legal estable para la inversión, argumentó que la prueba está en el pudín, alegando que el 20% de los proyectos mundiales de hidrógeno verde están ubicados en España. .
«Tiene mucho que ver con la seguridad jurídica», afirmó.
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