España es el primer país de la Unión Europea en implantar este sistema de control, de obligado cumplimiento en el plazo de un año para las grandes empresas y de dos años para las más pequeñas.
Todos los mataderos de España, ya sean grandes o pequeños, industriales o tradicionales, deben instalar en unos meses un completo sistema de videovigilancia en sus instalaciones. El objetivo es garantizar que la industria y sus empleados traten a los animales de manera adecuada y cumplan estrictamente con las normas de sacrificio compatibles con el bienestar animal y la seguridad alimentaria en todas las etapas de la operación.
La medida permitirá controles efectivos por parte de los inspectores para eliminar situaciones de maltrato animal en los mataderos, como reportes ocasionales en sitios web y redes sociales de imágenes espantosas obtenidas por empresas o individuos, generalmente encubiertos.
El gabinete aprobó el martes un real decreto que obligaría a los cerca de 2.800 mataderos de España, muchos de ellos pequeños y de propiedad familiar, a instalar cámaras permanentes y equipos de grabación en todas las instalaciones. Las empresas más grandes tienen un año para cumplir con los requisitos de la ley, las más pequeñas un máximo de dos. La única limitación es respetar la privacidad de los trabajadores, por lo que se excluye la captura de imágenes desde vestuarios, aseos y comedores o zonas de descanso.
El sistema debe garantizar que todos los tiempos de grabación de todas las cámaras se guarden para que posteriormente los investigadores puedan realizar las pruebas pertinentes y las imágenes puedan descargarse o transferirse a monitores, discos duros y otros formatos digitales.
Condiciones del trafico
Las cámaras no serán las únicas en las áreas de sacrificio. La videovigilancia tiene como objetivo garantizar el bienestar animal desde la llegada hasta el sacrificio y sacrificio, incluida la descarga, el traslado, la introducción en corrales y los procedimientos de aturdimiento pre-mortem.
Esto da especial importancia a la zona de sacrificio, ya que las imágenes permitirán a los inspectores comprobar las condiciones en las que se transportaron los animales y si se mantuvieron ilesos en el momento del sacrificio. Hay una segunda especificación para tratar con aves y cerdos. Debe haber cámaras que registren el proceso de grabación (lo que ayuda a depilarse y afeitarse). La idea es que permitan a los investigadores examinar animales que aún no están vivos cuando se someten a esos procedimientos.
Es una normativa precedente. El real decreto, impulsado por Alberto Garzón, convertirá a España en el primer país de la Unión Europea en instalar un sistema de videovigilancia obligatorio en el proceso. En Europa, solo el Reino Unido tiene un requisito similar. El gobierno español ha preparado otra normativa con el mismo objetivo, implantando sistemas de videovigilancia en laboratorios y centros que realizan experimentos con animales.
La ley aprobada trata de garantizar el bienestar animal en un sector de gran eficiencia y peso económico en España. En el país se sacrifican cada año más de 900 millones de animales, la mayoría de los cuales, unos 828 millones, son aves. Los mataderos encabezan la lista con 53 millones de cerdos sacrificados, conejos (41 millones) y dos millones de vacas, toros y bueyes sacrificados para alimentar a la industria alimentaria.
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