Presentado en el Congreso por portavoces de EH Bildu y ERC, el acuerdo sobre la Ley de la Vivienda del Futuro mantiene un tope del 2% para este año a las subidas de alquileres, tope que se incrementará hasta el 3% en 2024 para crear una nueva referencia que sea de aplicación en todo el . zona antes de finales del próximo año. Así, el índice de precios de consumo quedará suprimido como indicador de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en toda España, ya que estos grupos políticos consideran que la inflación «ha demostrado ser un indicador que puede generar grandes fluctuaciones en pocos meses».
El nuevo índice, que elaborará el Instituto Nacional de Estadística (INE), pretende ser más estable e inferior a la evolución del IPC, y se aplicará también a aquellos contratos suscritos antes de la ley que estuvieran sujetos al IPC.
El nuevo reglamento identifica nuevos motivos para aplicar medidas de control en áreas clasificadas como «estresantes». Así, las superficies serán declaradas “comprimidas” cuando la carga del coste medio de una hipoteca o alquiler más los gastos básicos y enseres supere el 30% de la renta media de los hogares, o cuando el precio de compra o alquiler de la vivienda aumente al menos tres puntos por encima del precio al consumidor. índice en los cinco años anteriores a la declaración de la zona estresante.
Es suficiente que se cumpla una de las dos condiciones para que la región obtenga esta calificación. En estas zonas, si los propietarios quieren prorrogar el contrato de un arrendatario, el nuevo arrendatario deberá mantener las mismas condiciones del contrato anterior durante un máximo de tres años.
No obstante, la publicidad como área compacta será siempre competencia de la comunidad autónoma. Así, todas las rentas en áreas comprimidas estarán reguladas y limitadas «en todos los casos». Esto será efectivo tanto para los grandes como para los pequeños propietarios (los ‘grandes’ propietarios ahora se definirán como propietarios de cinco propiedades, en lugar de las diez anteriores), así como para los contratos de propiedad que ya están en el mercado de alquiler y para los nuevos contratos.
Por otra parte, estarán prohibidos los desalojos sin fecha y hora predeterminadas. También incluye una nueva ampliación de los procedimientos de desahucio, que diferirá los procedimientos en más de dos años, y prevé el acceso obligatorio a los procedimientos extrajudiciales de conciliación para las personas en situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto clave del acuerdo es que los gastos inmobiliarios y los gastos ocasionados por el alquiler de un inmueble serán siempre a cargo del propietario. En este sentido, para poder aplicar un incremento en el precio del alquiler para realizar obras de reforma en el inmueble, esta reforma deberá superar el 10% del valor de compra de la vivienda.
El acuerdo, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de «histórico», no cayó bien en el sector inmobiliario, destacando las consecuencias negativas para el mercado. Los analistas señalan que «lejos de contener los precios», sus efectos complicarán un mercado de alquiler ya de por sí complicado en todo el país y, a la larga, se traducirá en un aumento generalizado de las rentas para los nuevos inquilinos, por las evidentes limitaciones que provocará. en el suministro
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