Imagen de un cartel de Repsol en una gasolinera. Crédito: Raúl Ortiz de Lejarazo Machín / Creative Commons Atribución 2.0
El gigante energético Repsol ha amenazado con detener sus inversiones en España y explorar “otras alternativas”, como Portugal.
Durante una conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, Josué John Emaze, director general de la empresa, expresó su advertencia.
«Antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, Repsol analizará si las condiciones son ‘lo suficientemente estables y atractivas para asegurar la rentabilidad de los proyectos'», sugirió Imaz, añadiendo que en caso contrario, existen «otras alternativas» disponibles.
Se refería al acuerdo alcanzado por los partidos políticos PSOE y Somar para formar un posible gobierno de coalición en el que se mantendría un impuesto especial para las empresas energéticas y los bancos en España.
Imaz afirmó que este acuerdo, que actualmente está vigente desde este año hasta 2024, no representa, hasta la fecha, “ningún tipo de ley o proyecto que deba seguirse”. Explicó que Repsol es la empresa del sector más afectada por el actual impuesto excepcional.
¿Cómo afectó este impuesto a Repsol?
Suponiendo el 1,2 por ciento de la facturación recibida por empresas con ingresos superiores a mil millones de euros -excluyendo empresas y actividades reguladas fuera de España y fuera de la Península española-, su empresa pagó este año unos 450 millones de euros, que según Emaze eran «ilegales». «Inconstitucional y discriminatorio».
“Impacta negativamente y penaliza a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y crean empleos industriales en el país”, continuó Imaz.
El consejero delegado destacó que ampliar este impuesto: “castigará aún más a esta empresa, con un claro impacto en sus inversores y en su capacidad para invertir en la transición energética”.
Puso como ejemplo la unidad química del grupo en España. Añadió que paga este impuesto sobre los beneficios extraordinarios en función de sus cifras de ventas, destacando que «incurre en pérdidas a nivel neto y enfrenta dificultades para competir en el mercado internacional».
Por ello, señaló que Repsol espera “inversiones importantes” en la transformación de sus polígonos industriales en España.
Pero señaló que: “La inestabilidad en el marco regulatorio y financiero podría afectar futuras inversiones en proyectos industriales en el país”.
Imaz destacó que España es la «zona geográfica clave» en la que el grupo está invirtiendo y donde prevé seguir desarrollando esta «gran inversión» en sus activos industriales.
Sin embargo, insistió en que para que esto continuara era necesario: “Tenemos un marco regulatorio y financiero claro, predecible y estable”.
¿Cuáles son las alternativas que tiene Repsol?
Hay «otras alternativas» como la propuesta portuguesa de Emaze, donde Repsol podría tener presencia internacional en su negocio industrial.
«Pero de nuevo analizaremos detenidamente el marco regulatorio y financiero antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Debemos, sobre todo, proteger a los accionistas y a nuestros empleados», subrayó.
Para el director general de la petrolera, este impuesto en concreto pretende «favorecer a la gente que viene al mercado español, no crear un solo empleo industrial en España». Esto penaliza a las empresas en las que invertimos en España. “Estamos creando industria en España”, explicó Imaz.
¿Qué hará Repsol ahora?
Además, se adelantó que Repsol luchará contra este impuesto en los tribunales españoles y europeos. Imaz señaló que hay una «diferencia muy importante» entre lo que el Consejo Europeo ha definido como impuesto -temporal para responder a condiciones particulares del mercado y basado en los beneficios- y no en el volumen de ventas como es el caso en España.
A raíz de ello, la compañía ya interpuso un polémico recurso administrativo contra el impuesto especial en el tribunal nacional y también acudió a los tribunales europeos, porque Repsol consideró: «También es injusto a nivel europeo».
Advirtió que si se desestima el recurso de la compañía en la justicia nacional, Repsol recurrirá al Tribunal Constitucional, porque considera que el impuesto es «inconstitucional y además rompe con la competencia europea».
Y añadió: «Estoy convencido de que ganaremos al final del camino porque algo que es injusto, ilegal, discriminatorio y que tiene un impacto negativo no se puede aprobar de ninguna manera, y debemos intentar solucionar el problema». Por supuesto, desde el punto de vista legal, confiamos en nuestro sistema judicial y en el marco constitucional”. larazon.es.
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