El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia decisiva contra España.
El fallo se produjo el jueves 14 de marzo, después de que un recurso de la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2022 acusara a España de incumplir las directivas de la UE destinadas a controlar la contaminación del agua por nitratos de origen agrícola.
Violaciones de directivas de la UE
El TJUE encontró que España incumplió su obligación de identificar y gestionar áreas vulnerables a la contaminación por nitratos, citando específicamente áreas de las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y Valencia.
La decisión respalda el argumento de la CE, que destacó el fracaso de España a la hora de designar 82 áreas como zonas vulnerables al nitrato en varias comunidades de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Canarias, Baleares, Madrid y Valencia.
Sin embargo, el Tribunal Europeo rechazó los reclamos de la mayoría en estas áreas, diciendo que la CE no logró demostrar contribuciones agrícolas significativas a los niveles de contaminación.
Acción y cumplimiento adecuados
Un análisis más detallado reveló la falta de implementación por parte de España de las medidas esenciales requeridas por las Directivas europeas dentro de sus planes de acción.
En particular, estos programas carecen de estrategias adecuadas para la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados. Los esfuerzos de España fueron considerados insuficientes por el tribunal, a pesar de que algunos contraexaminamientos y procedimientos de reclamación se adelantaron después del plazo de cumplimiento fijado en 2015.
El TJUE destacó que no basta simplemente con tomar medidas adicionales, estas medidas deben reducir y prevenir efectivamente la futura contaminación por nitratos para cumplir los objetivos de la UE.
El camino a seguir
La sentencia subraya la obligación de los Estados miembros no sólo de hacer cumplir las regulaciones existentes, sino también de garantizar que estas medidas sean suficientes para mitigar eficazmente la contaminación del agua.
El caso de España sirve como recordatorio de la dura postura de la UE en materia de protección ambiental y las consecuencias del incumplimiento.
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